The Inter-American Dialogue’s Education Program aims to improve the quality of learning and skills development across Latin America. We do so by partnering with public and private organizations throughout the hemisphere to promote informed debate on education policy, identify and disseminate best practices, and monitor progress toward improvement. Our cutting-edge analysis of education policy and broad network of policymakers, education experts, business leaders, academics, and journalists have made it the strongest private voice on education in the region.
El artículo “Los retos de la educación en el Siglo XXI en América Latina: Una reflexión crítica” de Ariel Fiszbein, director del Programa de Educación del Diálogo Interamericano explora los desafíos y avances de la educación en la región latinoamericana.
The International Month of Women and Girls in Science is an opportunity not only to reflect on the state of their participation in scientific studies but to promote social awareness about the importance of achieving equal access for women to decent work in an industry such as STEM, with enormous…
Argentina has an important challenge ahead: avoiding an escalation of the current economic crisis leading to a major social and political turmoil under the government of the Frente de Todos (FDT), the incumbent coalition led by Cristina Fernandez de Kirchner (CFK). A 90 percent yearly inflation rate expected for 2022,…
Al llegar al Diálogo Interamericano a comienzos de 2014, mi primer objetivo fue realizar un diagnóstico de la calidad educativa en América Latina orientado a identificar estrategias y enfoques para mejorarla. Para ello constituimos la Comisión para la Educación de Calidad para Todos, copresidida por los expresidentes Ricardo Lagos de Chile y Ernesto Zedillo de México y conformada por una docena de expertos de la región. Dos años después, la Comisión emitió un informe, Construyendo una Educación de Calidad: Un Pacto con el Futuro de América Latina. Ya acercándonos al décimo aniversario del comienzo de ese proceso, este artículo toma como referencia dicho informe para ofrecer una mirada actualizada de los retos de la educación en la región.¹
El informe partió de la premisa que el desarrollo con equidad y en democracia requiere que todos y cada uno de los niños latinoamericanos reciban una educación de calidad. Reconociendo que los países de la región habían hecho importantes avances en extender la cobertura de los servicios educativos asignando recursos financieros crecientes, el informe partía de un dato básico que por conocido no deja de ser altamente relevante: los bajos niveles de aprendizaje que caracterizan a los sistemas educativos de la región. En palabras del informe, “Los resultados de pruebas nacionales e internacionales demuestran que América Latina se está quedando atrás, no solo con el resto del mundo, sino con respecto a nuestros propios estándares”. El informe argumentaba que “En una era de creciente globalización y cambio tecnológico acelerado, las brechas educativas representan un desafío vital para las economías y sociedades de la región”.
El informe identificó seis áreas fundamentales para la transformación educativa: la educación temprana, la excelencia docente, el apropiado uso de tecnologías, sistemas de evaluación adecuados, la adaptación de la educación para hacerla relevante a las cambiantes demandas del mundo laboral y sociedades modernas, y el financiamiento sustentable. Reconociendo la complejidad de esta agenda de reforma que requiere de recursos humanos y financieros, compromiso político y persistencia en el tiempo, la Comisión hizo un llamado a pactos sociales por la educación de calidad, que transparenten los objetivos de las reformas, fijen metas y recursos, y establezcan mecanismos de responsabilidad mutua.
¿Siguen siendo válidos el análisis y las recomendaciones de la Comisión? ¿Es el reto de la educación fundamentalmente distinto o podemos, todavía, tomar como guía el informe de referencia a la hora de discutir sobre educación ya avanzada la tercera década del Siglo XXI?
Esa reflexión debe, inevitablemente, incluir el fenómeno de la pandemia del COVID-19 que tuvo un efecto extremadamente alto (y probablemente duradero) sobre el sector educativo. América Latina es la región del mundo que ha reportado más días sin clases presenciales por el COVID-19. Entre 2020 y 2021, la región mantuvo cerradas las escuelas por 158 días en promedio, mientras que el promedio a nivel global fue de 95 días. De acuerdo al Banco Mundial,² más de 2 de cada 3 estudiantes del primer ciclo de secundaria podrían caer por debajo del nivel mínimo de rendimiento. En promedio se podría haber perdido el equivalente de un año y medio de escolaridad en términos de aprendizaje. Los puntajes de primaria en lectura podrían caer a niveles de hace más de 10 años, y 4 de cada 5 estudiantes no podrán comprender un texto de longitud moderada. Existe también evidencia de aumentos en la tasa de abandono y en la salud socioemocional de los alumnos.
En resumen, la pandemia del COVID-19 profundizó las debilidades que ya experimentaban los sistemas educativos de la región e hizo aún más crítica la necesidad de emprender esfuerzos de mejora en la calidad educativa. Al mismo tiempo, la pandemia generó un experimento a escala que mostró las oportunidades de modelos de enseñanza menos rígidos en los que docentes innovan y alumnos trabajan de manera más independiente y menos reglada.
El otro fenómeno que debemos considerar y que tiene gran importancia son los crecientes flujos migratorios y la crisis que eso ha conllevado para muchísimas familias, niños y comunidades en prácticamente toda la región. A fines de 2021, UNICEF estimaba que en 2022 el número de niños, niñas y adolescentes migrantes en América Latina y el Caribe podría alcanzar la cifra de 3,5 millones. Esta cifra, que incluye tanto a los niños, niñas y adolescentes migrantes como a los que viven en comunidades de acogida, representa un aumento del 47 por ciento en comparación con 2021. Solo en el caso de la migración a través de la selva del Darién (que se extiende entre Colombia y Panamá), el número de niños, niñas y adolescentes que cruzaron la selva en 2021 es cinco veces más de la suma de los cuatro años anteriores.³ Garantizar el acceso a una educación de calidad para este número creciente de niños migrantes (que en muchos casos han sufrido diversas formas de exclusión y hasta abuso) representa un desafío adicional para muchos sistemas educativos que ya experimentan dificultades operativas.
En este contexto general poco conducente a la muy necesaria mejora de la calidad educativa, podemos ver un variado cuadro de situación con respecto a las seis áreas de énfasis consideradas por la Comisión. En años recientes, hemos visto pocos avances en la muy crítica área de las políticas docentes. La nueva ley de carrera docente en Chile (que entró en vigor en 2017) que introdujo cambios significativos orientados al desarrollo profesional docente es más la excepción que la regla a nivel regional. En contraste, la experiencia de México apunta en la dirección contraria con cambios que debilitan los procesos meritocráticos como instrumentos para promover la excelencia docente.
La falta de progreso en términos de políticas públicas contrasta con el creciente énfasis que recibe la profesión docente por parte de la sociedad civil organizada. Iniciativas de carácter nacional (como Elige Educar en Chile o Profissão Docente en Brasil) o regional (como la Coalición Latinoamericana para la Excelencia Docente) son ilustrativas de esta tendencia y sugieren el potencial que tienen.
A pesar de algunas innovaciones aisladas en cuanto a metodologías y objetos de evaluación⁴, los sistemas de evaluación han seguido operando en gran medida de manera inercial sin notables innovaciones ya sea en la implementación de pruebas oficiales o en su uso para el diseño de estrategias orientadas a mejorar el aprendizaje. Durante la pandemia hubo una tendencia a suspender las evaluaciones, pero estas retornaron a su normal ejecución posteriormente (Herrero-Tejada et al. 2022). Nuevamente México, con la reforma constitucional que extinguió al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) representa un retroceso en el movimiento hacia el fortalecimiento de las instituciones de evaluación que caracterizó las primeras décadas y media del siglo (Ferrer y Fiszbein, 2015).
Un aspecto auspicioso que podemos observar en los últimos años es el creciente reconocimiento de la importancia que tiene la educación temprana como parte de una estrategia de largo plazo para mejorar la calidad educativa. La evidencia científica ha sido clara ya desde hace bastante tiempo: las bases para el pleno desarrollo cognitivo y socioemocional se sientan en los primeros años de vida y, por lo tanto, las inversiones en educación temprana tienen un muy alto retorno. Casi todos los países han desarrollado en estos últimos 15 años una política integral de primera infancia, estrategias, o un plan nacional de infancia. Esto denota el reconocimiento de los gobiernos de la región a este grupo etario y su relevancia para el desarrollo humano. Como principales desafíos pendientes se observa la necesidad de mayor y mejor articulación intersectorial que pueda entregar una oferta integrada de prestaciones. Está en muchos países pendiente la institucionalización del plan, estrategia o política con un liderazgo claro y con poder político. Por último, hace falta una mayor claridad en la inversión en este grupo etario (Diálogo Interamericano, 2020).
Es en el campo de la tecnología aplicada a la educación donde hemos visto los cambios más significativos desde que fue publicado el informe de la Comisión. La pandemia y el cierre masivo de escuela que forzó, le dieron a la educación remota y el uso de tecnologías aplicadas a la educación un nivel de atención inusitado (Diálogo Interamericano, 2021). Todos los países tuvieron que buscar formas de llevar a gran escala la educación a distancia. Y lo hicieron de la mejor manera que podían considerando el punto de partida y las condiciones bajo las que operaban. Forzados por esa realidad, los sistemas educativos tuvieron que innovar. Se ajustó el currículo, priorizando contenidos fundamentales. Se desarrollaron plataformas con recursos online complementadas con otros mecanismos de difusión como la radio o la televisión. Se capacitó a docentes. Directores y docentes tuvieron que romper moldes y buscar nuevas formas de enseñar. Alumnos tuvieron que aprender a trabajar solos y tomar mayor responsabilidad y las familias tuvieron que involucrarse más en la educación de sus hijos. Indudablemente el período de la pandemia ha sido un mega experimento que ha desatado fuerzas inimaginables.
La pandemia también causó un fuerte crecimiento en la adopción temporaria de modelos híbridos y virtuales en la educación superior, así como esfuerzos de adaptación curricular de las instituciones, con un enfoque en cursos cortos y especializados (Herrero-Tejada, 2022). Sin embargo, es prematuro especular que estos efectos serán lo suficientemente profundos y duraderos para afectar de manera significativa la transformación a la cual se refirió el informe de la Comisión.
Las fuerzas desatadas durante la pandemia, bien encaminadas, pueden servir de fuente transformadora para los sistemas educativos. No encaminadas, muy probablemente se disipen, resulten en frustración y profundización de los males que ya caracterizaban la educación en la región.
Las recomendaciones de política educativa que hizo la Comisión continúan siendo válidas y relevantes: el estado de la educación en la región no ha cambiado de manera significativa. Sin embargo, es muy preocupante la falta de compromiso político con las reformas y la poca persistencia en su implementación desde los Estados. Actualmente, no es que gobiernos reformistas estén enfrentando esfuerzos claros y efectivos de parte de aquellos actores cuyos intereses pueden ser afectados por las reformas. El panorama es más uno de falta de iniciativa y capacidad por parte de las autoridades educativas. Pareciera que, hoy en día, los incentivos políticos para liderar reformas profundas en estos temas son extremadamente débiles. En ese sentido, el llamado a pactos educativos que hizo la Comisión en su momento puede resultar una ilusión con baja probabilidad de avanzar en la práctica. Especialmente en el contexto de crisis de gobernabilidad que experimentan un creciente número de países de la región, la idea de planes comprensivos nacionales es de complicada implementación.
En su lugar, podemos especular que será necesario que la disrupción al statu quo se genere desde fuera del Estado. Esta visión alternativa implica apostar a que actores no tradicionales (empresas, organizaciones de la sociedad civil) desarrollen modelos alternativos (disruptivos) de enseñanza y organización escolar, y trabajen directamente con instituciones y sistemas educativos (incluyendo instituciones formadoras) para su implementación. Del mismo modo, esos actores pueden aprovechar las oportunidades a nivel local con gobiernos subnacionales (estados, provincias, municipios) que abran sus puertas a estas innovaciones disruptivas.
La hipótesis que proponemos es que, dadas las dificultades de avanzar en reformas integrales a nivel de los sistemas educativos nacionales, el liderazgo que puedan ofrecer actores no estatales se oriente a ir construyendo una ‘revolución desde el llano’, a la que las políticas nacionales tengan que adaptarse con el tiempo. En otras palabras, las recomendaciones sustantivas serían las mismas o similares a las hechas por la Comisión para la Educación de Calidad para Todos. Lo que cambiaría sería el proceso para implementarlas, poniendo el énfasis en los esfuerzos disruptivos desde fuera del Estado y en el crecimiento orgánico de iniciativas innovadoras.
3. Unicef, 2021. Nota de prensa: “América Latina y el Caribe: Cerca de 3,5 millones de niños, niñas y adolescentes podrán verse afectados por la migración el próximo año”.
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The International Month of Women and Girls in Science is an opportunity not only to reflect on the state of their participation in scientific studies but to promote social awareness about the importance of achieving equal access for women to decent work in an industry such as STEM, with enormous demands nowadays.
According to the United Nations, women only represent 28 percent of engineering graduates and 40 percent of IT and computing professionals, which are most of the fields driving the Fourth Industrial Revolution. In emerging areas like artificial intelligence, only one in five professionals is a woman. Additionally, Coursera's 2022 Global Skills report highlighted that despite increases in women enrollment rates in STEM courses in Latin America since 2019, they remain overrepresented within human competency fields ("business psychology" or "human management"). At the same time, fields with less female representation coincide with those emerging and highly demanded technological skills ("operating systems" or machine learning), areas with a high potential for job returns and fewer risks of automation.
Women were one of the most affected demographics by the pandemic, which also magnified the gaps within the most vulnerable groups, especially in rural and marginal urban areas. Young women were one of the groups most affected by the labor market demand drop through high unemployment, job informality, and overwhelming care-based demands. In 2020, for example, the female participation rate in Latin America and the Caribbean was 47 percent. Compared to 2019, these figures presented an unprecedented decline of five percentage points. This meant a significant setback in female labor participation which had increased from 41 percent in the early nineties to 52.3 percent in 2019.
Although gender gaps in STEM remain significant, the pandemic has highlighted the power of technologies to leverage greater democratization of opportunities. The emergency has become a catalyst for innovations, a large-scale experiment in educational practice transformations. For example, from 2020 to 2021, female enrollment on Coursera increased significantly - accelerating a trend and making Latin America the region with the highest percentage of learners on the platform without a college degree (46 percent). Through online learning, more women can have access to new skills and knowledge, which directly impact their long-term personal, economic, and social development.
To explore these challenges and frameworks to address them, the Inter-American Dialogue, in collaboration with Coursera, hosted a webinar on The Future of Women in STEM – Challenges and Opportunities in LAC. The event brought regional leaders such as Kira Gidrón (CEO of Lumni), Mariana Costa (CEO and co-founder of Laboratoria), Nicole Amaral (Coursera's Skills Transformation Leader for Latin America and the Caribbean), and Genaro Hurtado (CEO of Brivé Solutions). We introduce eight recommendations below based on the event’s discussions. We believe these are contributions to a public debate as part of a larger collective effort to reduce gender gaps and magnify the future of women in the region.
Pre-tertiary education: The inaccurate approach at this stage of the educational process can alienate and cause a lack of self-confidence in women. It is essential to invest in an integral and holistic education model that eradicates prejudices and stereotypes, thus deconstructing gender-based roles and norms.
1. Misinformation and home culture are limiting factors in early childhood development. The parenting practices that girls traditionally receive could be conditioned and immersed in a culture of stereotypes reproduced by parents and caregivers. This directly affects their expectations and long-term life projects, making working with families and caregivers essential. An example is that 38.5 percent of toy advertisements reproduce feminine archetypes of beauty, including roles as caretakers, mothers, and wives (Instituto de la Mujer, 2020).
2. Educational policies can address cultural changes and gender stereotypes within educational institutions. With the support of families and caregivers, projects to raise gender-biased awareness, promote STEM studies, and strengthen teachers' and students' socio-emotional skills with a gender perspective contribute to cultural transformations. For example, the NiñaSTEM Pueden program, a collaboration between the Secretariat of Public Education (SEDU) of the State of Coahuila (Mexico) and the OECD, established an initiative for STEM preparation, mentoring, and leadership for girls in different educational cycles. As a result, the program introduced innovative areas of study and careers to girls, contributing to a redefinition of gender roles and opening new paths for women in STEM.
Higher education: The belief in a "natural" division of labor between men and women reinforces gender-based stereotypes that frame some careers as more "feminine" than others. This social preconception distances women from the positions of prestige and responsibility they could reach in IT. In the same way, it alienates women from the highest decision-making spheres, leadership positions in the academic and research world, and other STEM-related activities.
4. Support networks among women contribute to the success and permanence of women in STEM education. Networks support bonds of sorority and solidarity, resources, knowledge, opportunity exchanges, cooperation, and comprehensive understandings of women’s needs. Examples of these are the teachers and instructors of initiatives such as Laboratoria, as well as regional and global networks such as Geek Girls Latam and Women Who Code.
Finally, the labor market must be explicit and affirmative in its support for women, offering incentives and networks throughout processes – from recruitment to promotion.
5. IT businesses must ensure the creation of work cultures that promote and value diversity, inclusion, and equity. These can be done by intentionally monitoring goals and gender indicators that allow for the measure of businesses' progress in gender equality. An example of such an initiative is Accenture's Getting to Equal strategy, which seeks equality and parity in scenarios such as female boards of directors, business units (marketing, sales, development), new hires, and promotions.
6. Support for women must be made explicit in the publication of job opportunities. Inclusive language is an affirmative and effective tool to avoid the self-exclusion of women. For example, the recruitment and selection process of Orange S.A includes a breakdown by gender of the candidacies and the mandatory nature of female applications.
7. Partnerships between the public sector and civil society are crucial to reducing the impacts of the care economy on women's training, placement, permanence, and labor promotion. An example is the District Care System of Bogota. Its objectives are to recognize care work, redistribute it between men and women, and reduce unpaid care work times, offering the possibility of developing skills or accessing training.
8. The creation of leadership-oriented programs for women in different STEM areas helps to break the glass ceiling in this sector. A few of these initiatives include Women Will from Google and Women in Science (WiSci) from Girl Up and Intel.
Argentina has an important challenge ahead: avoiding an escalation of the current economic crisis leading to a major social and political turmoil under the government of the Frente de Todos (FDT), the incumbent coalition led by Cristina Fernandez de Kirchner (CFK).
A 90 percent yearly inflation rate expected for 2022, public finances in disarray, and an unpleasant monetary arithmetic turn price dynamics highly volatile. Inflation may easily accelerate well beyond current levels, and the resurgence of wage and price indexation is turning the clock back to the high inflation regime of the 1980s. Disarming the chronic inflation trap is an even more complex technical and political challenge than addressing the moderate high inflation regime that prevailed in recent years (20-40 percent range). The economic scene could be explosive with nearly zero net foreign reserves and short-term peso-denominated government debt moving on an unstable path that makes roll-over increasingly difficult. All this is taking place under the umbrella of an IMF agreement that needs to be renewed periodically. While the agreement is widely considered to be quite soft in its demands, the government is under pressure to comply with the agreed conditions, creating growing political tensions within its coalition. The Fund, however, is likely to concede despite deviations, avoiding by all means a default and waiting for better days after the 2023 elections.
Why is Sergio Massa (SM), president of the lower chamber of parliament, a shrewd politician with no technical background or expertise in economics, taking on the super risky challenge of managing the Argentine economy? The current political standing of Massa is very weak, and his electoral potential has diluted in recent years. Head of the Partido Renovador, created in 2013 as a splinter of the Partido Justicialista, now part of the government in power, SM had 21 percent of the votes in the presidential elections of 2015 won by Mauricio Macri, taking the third position. Under the present circumstances, his political future is strongly endangered, and if the ‘Super Minister’ adventure fails, he will be in the same situation as today. On the other hand, if the low probability miracle happens, his bet may turn him into a good contender for the 2023 presidential elections. The virtuous model for this scenario would be Fernando Henrique Cardoso (FHC), Minister of Economics under President Itamar Franco in Brazil during the 1990s, who launched the Plan Real leading to a successful economic stabilization, and who served two consecutive terms as president. How far is SM from FHC? Pretty far ex-ante in the political arena, as well as in the economic conditions for success. For further discussion on the comparison, we can reconvene.
The probability of SM successfully reverting the high inflation scenario is very slim. Initially, bad news is inevitable- a strong adjustment in public finance is needed for sustainable disinflation thereafter. In the current political conditions, we do not see much leeway on the expenditure front. Raising taxes in a significant manner is not a viable option, and the only lever in the short run is reducing energy subsidies, that amount to over 3 percent of GDP. However, a significant reduction in the latter will translate into sharp tariff increases for part of the population. The result will be a supply shock and higher inflation in the first months. Beyond inevitable social dissatisfaction, massive energy subsidies have been a recurrent policy of Cristina Kirchner’s administrations and her economic advocates in the government coalition. Political instability in the political front, with opposition of certain groups loyal to CFK and other outsiders, may be hard to manage in the transition to a second phase of a stabilization program. If the Massa team survives this initial turmoil and once key prices of the economy are aligned (including the exchange rate), as well as consistent fiscal and monetary policies put in place, the government could engage in a second phase of a gradual or shock strategy for disinflation. The less gradual the stabilization plan, if designed to be sustainable, the bigger and quicker the initial fiscal adjustment required.
However, if Massa plays a silver bullet to capture a competitive position for the primary election in 2023, time will be short, implying that gradual disinflation is not an option. He would thus need to launch a policy shock 'à la Real' as in Brazil in the 1990s, or of the sort of the successful Israeli Shekel and the failed Austral in Argentina, both in the 1980s. These types of stabilization strategies need very complex engineering and super competent teams. If phase 1 is difficult to sail and phase 2 is extremely demanding, the script of sharp disinflation and regime change to boost an unstoppable candidacy seems, as of today, highly improbable. At first sight, beyond comparative history, politics, economics and personality, SM’s destiny seems far from FHC’s.
Thus, the best Sergio may hope for is arriving at the end of the presidential term without an explosive economic and social crisis.To avoid the worst-case scenario, swift fiscal and foreign exchange policies are mandatory. For this greyish script, there are good and bad signals as well. His success in appointing a new head for the Energy Secretariat (until now a fortress under the control of close allies of CFK) is good news giving him a lever to improve public accounts even partially, and consequently gain certain control of monetary policy. On the other hand, a convincing economic program has not yet been announced, and Massa has had a hard time setting up a consistent economic team so far, including a ten-day imbroglio to appoint a vice minister that could bring much needed technical credibility to lead the economics of the 'Super Minister.'
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